La marcha que se llevó a cabo el pasado primero de abril. que se decía era para aportar a la lucha contra la corrupción, terminó siendo una marcha de la oposición que tenía como objetivo hacer renunciar al presidente Juan Manuel Santos.

 

Desde que se destapó el escándalo Odebrecht en el país, muchos sectores de la sociedad han mostrado su indignación, se siente cada día más la necesidad de luchar contra la corrupción y evitar que se sigan realizando estas prácticas que perjudican a los colombianos.

 

Por esto, el pasado sábado 1 de abril se convocó una marcha por la “lucha contra la corrupción”. Se esperaba que miles de personas salieran a manifestar su inconformidad con los casos que se han destapado recientemente, y en general, con los miles de casos de que se han dado en el Colombia.

 

Sin embargo, los manifestantes parecían estar marchando por razones muy diferentes. “Yo marcho contra el gobierno de Santos porque nos está llevando a un comunismo, no quiero que Colombia sea como está Venezuela”, afirmó una asistente de la marcha.

 

Los carteles y pancartas no rechazaban la financiación ilegal de campañas, ni hacían referencia a casos como Odebrecht, Reficar, entre otros. Predominaban frases como: “Santos renuncie” y “defendamos la democracia”, haciendo referencia al proceso de paz con las FARC.

 

El periodista Daniel Samper y el caricaturista Vladdo también salieron a marchar contra la corrupción criticando a quienes convocaron la marcha. Con mensajes como: “no más Agro Ingreso Seguro” y “no a la compra de votos”, molestaron a los manifestantes, fueron abucheados y sacados de la marcha. Aunque se dijo que no habría diferenciación política y que sería simplemente una marcha anticorrupción.

 

“En Colombia hay una serie de procesos de corrupción en todo lo que es la contratación pública que hay que combatir, pues esto tiene una incidencia directa en la economía del país”, explica Rubén Darío Ramírez, experto en seguridad.

 

Sin duda, la corrupción es un problema latente en Colombia que se debe combatir. La ciudadanía está obligada a defender sus derechos y velar porque ningún interés político esté por encima de las necesidades del país. Pero este tipo de luchas se están tomando como estrategia política de cara a las elecciones 2018, y se está desviando la atención de la ciudadanía hacia los candidatos,  no hacia los problemas de fondo.

 

 

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