El sí y el no se vuelven a encontrar en la consulta anticorrupción

Con el tarjetón listo y la fecha fijada, los colombianos saldrán a votar el próximo domingo 26 de agosto por la consulta anticorrupción. Sin embargo, la oposición está presente y alerta de la pérdida de más de 40 mil millones de pesos en un mecanismo que aseguran no acabará con el problema de raíz.

 

 

 

Colombia está teniendo 2 años de intensa participación política. Empezando en el 2016 con la votación del sí y el no en el plebiscito, seguido por la consulta liberal, las elecciones legislativas y presidenciales del 2018,  y finaliza con la consulta anticorrupción del mismo año. El deber político de los ciudadanos está en su punto máximo y solo hace falta una invitación más a las urnas para terminar este periodo de dinamismo.

 

La gestación de la consulta empezó cuando la vocera y excandidata a la vicepresidencia de la republica Claudia López, conformó el comité promotor con los nombres del senador Antonio Navarro Wolf, la congresista Angélica Lozano, el entonces concejal Antonio Sanguino, el exsenador Rodrigo Romero, el secretario general del partido Alianza verde Jaime Navarro y la congresista Ángela María Robledo. Los 7 políticos presentaron oficialmente la iniciativa ciudadana de consulta popular el pasado 24 de enero ante la Registradora Nacional. 

 

El primer requisito consistió en la recolección de al menos 1.762.083 firmas, por lo que a partir de un despliegue de militantes de la Alianza Verde y trabajadores independientes lograron conseguir 4.092.138 firmas en aproximadamente 6 meses. 1.144.544 de estas fueron anuladas por no cumplir con los requisitos necesarios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

 

A partir de la entrega de las firmas el pasado 26 de Julio del 2017, el CNE tuvo 45 días hábiles para verificar la legitimidad de la información. Sin embargo, fue hasta el 23 de enero del año próximo que el ente electoral certificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. Por lo que el siguiente paso consistía en  recibir el visto bueno en el congreso.

 

La fecha fijada para la plenaria fue el 11 de abril. Aunque debido a dilataciones consecuentes de las elecciones legislativas y presidenciales, la fecha final fue traslada hasta el martes 5 de junio. La iniciativa fue acogida por todos los políticos presentes en congreso, hasta el líder de la bancada del Centro Democrático Álvaro Uribe, afirmó que “esta consulta más allá de convenirle al uno o al otro, yo creo que es una solución necesaria para rescatar credibilidad democrática”.

 

Con 82 votos a favor y 0 en contra, la consulta quedó a la espera de un plazo máximo de 8 días para que el presidente de la república, en su momento Juan Manuel Santos, firmara el decreto y asignara una fecha para la votación. El día seleccionado fue el 26 de agosto del 2018 y la consulta debe conseguir un tercio del censo electoral (33.3) %. Lo que equivale aproximadamente a 12 millones de votos de 36 millones que están registrados según datos de la Registraduria Nacional.

 

Las 7 preguntas que conforman la cartilla son:

  1. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado.

  2. Cárcel a corruptos y prohibirles volverles a contratar con el Estado.

  3. Contratación transparente obligatoria en todo el país.

  4. Presupuesto públicos con participación ciudadana.

  5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

  6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.

  7. No más atornillados en el poder: Máximo 3 periodos en corporaciones públicas.

 

Sin embargo, algunas de estas han sido centro de polémica por ser tildadas de ambiguas, inconstitucionales e ineficaces. Según el politólogo e integrante del Instituto de Ciencias Políticas Juan Guillermo Moncada, el impacto político generado en dicho caso que gane el sí sería negativo, ya que tanto el punto 1 y 7 “entrarían en conflicto con la Constitución Política, ya que esta define los incrementos anuales de la remuneración de los congresistas. De igual manera no impone ningún tipo de restricción al número de periodos en que los congresistas se reeligen”.

 

Lo que significa, a su vez, que esta conflictividad entre la consulta y la constitución generaría un entorno de inseguridad jurídica para atender los temas relacionados, Afirmó el experto. De igual forma, el partido con mayoritario en el congreso, el Centro Democrático, reversó su decisión de apoyar la consulta, pues prefieren apoyar los proyectos de Duque que también combaten la corrupción, Argumentó el senador Álvaro Uribe en una intervención en la plenaria del 8 de agosto. Por otro lado, la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia publicó en su cuenta de twitter lo siguiente:

 

Cuenta de Twitter Senadora Paloma Valencia

 

 

A lo que la excandidata a la vicepresidencia le contestó: 

 

Cuenta de Twitter Senadora Claudia López

 

 

Sin embargo, el nuevo mandatario Iván Duque, proveniente igualmente del Centro Democrático, ha mantenido inflexible su posición respecto a la consulta y hasta grabó un video en su cuenta de YouTube (que extrañamente hoy 26 de agosto, día de la consulta aparece no disponible) donde pide a su bancada apoyar la iniciativa, y explica que “esa consulta coincide con propuesta que nosotros hemos ido haciendo para enfrentar ese flagelo”.

 

Contrario a lo que afirma el presidente, Moncada sostiene que el problema de la corrupción no es un problema de leyes sino de prácticas, pues el fenómeno “está enquistado no solo en los congresistas, sino también en el sector privado y en la misma ciudadanía”, por lo que es fundamental incentivar la legalidad haciéndola menos costosas e invertir “una gran cantidad de esfuerzo en mejorar la calidad de liderazgo político.” Concluye el experto.

 

Tanto opositores como promotores tienen una cita pendiente el próximo domingo con una de las consultas populares que mayor impacto ha tenido a nivel nacional. Al final del día no importará cuál sea el resultado sino el interés que tienen millones de ciudadanos por combatir la corrupción. Un hecho nunca antes visto en Colombia.

 

 

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