Las madres comunitarias aseguran que están en crisis. Los recursos para cuidar y alimentar a los niños que cuidan son escasos, tienen dificultades para acceder a la pensión y la remuneración por su trabajo es bastante modesta. Ellas piden más garantías para desarrollar una labor que no solo es necesaria, sino vital para los niños y padres de menos recursos.

 

 FOTO: Juan Sebastian Solís y Samantha Forero

 

Luz Dary se levanta de su cama a las 5:00 de la mañana. Se baña y se prepara para ir a su trabajo. A diferencia de muchos bogotanos, solo debe bajar las escaleras para llegar. Habita una casa arrendada de dos pisos en Ciudad Bolívar. Arriba vive con su familia, abajo trabaja con sus niños. Es madre comunitaria desde hace doce años y, al igual que muchas, eligió este trabajo por vocación: le gusta cuidar a los pequeños de su comunidad.

 

Después de arreglarse, limpia y ordena el jardín infantil —también llamado Unidad de Servicio (UDS)— desinfecta las colchonetas, las mesas, el piso, el baño y todo aquello con lo que los niños tengan contacto; luego va a la cocina para preparar los alimentos. Su nevera es pequeña y allí organiza la comida como si fuera una experta en Tetris, cuidando siempre la temperatura de la colada, el chocolate o lo que deban comer ese día, de acuerdo con las instrucciones de preparación dadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Enseguida comienza a alistar el refrigerio de bienvenida y también el almuerzo para los niños que llegan a las 8:00 de la mañana.

 

A las 9:00 Luz Dary sirve el desayuno y a las 10:00 empieza el plan pedagógico con los niños. A las 11:45 les sirve el almuerzo y a la 1:00 les cepilla los dientes, para que después puedan tomar una siesta. Los que no se duermen pueden escuchar las historias que ella les lee. A las 2:30 empieza a alistar a los pequeños y a servir el refrigerio, pues entre 3:30 y 3:45 llegan los padres a recogerlos. A las 4:00 ya se han ido casi todos y ella se prepara para hacer todo el papeleo que le pide el ICBF.

 

 FOTO: Juan Sebastian Solís y Samantha Forero

 

Por lo general, Luz Dary —que pidió mantener su apellido en reserva— trabaja sola, pero hay momentos en los que debe contratar una madre auxiliar, por la cual el ICBF no responde económicamente. De hecho, hay veces en las que el ICBF cita a las madres a reuniones y a ellas les toca sacar de su dinero para pagar a alguien que cuide de los 14 niños. “Antes manejábamos 13 niños por cada hogar, igual que las demás a nivel nacional, pero nos aumentaron la cuota a 14 porque teníamos mucha demanda y no se podía suplir esa necesidad”, recuerda Nohora Gómez, representante legal de una asociación de madres de Ciudad Bolívar y madre comunitaria desde hace nueve años. A esos niños los deben atender por igual, procurarles un ambiente sano, cuidarlos, educarlos, darles afecto, jugar con ellos y darles de comer tres veces al día. Esto último parece casi un acto de magia si se tiene en cuenta que por niño el ICBF solo pone $2.832 diarios.

 

Con este dinero se deben comprar todos los alimentos de los niños de acuerdo con los lineamientos que da el ICBF en la minuta y debe alcanzar para mogolla, huevos pericos, naranja en cascos y colada de bienestarina con panela, en la mañana; carne molida guisada, espagueti guisado con leche, tajadas de plátano maduro, ensalada de verduras (habichuela, zanahoria y limón) y jugo de fresa, en el almuerzo; y también para el sorbete de guayaba con leche y las galletas para las onces en la tarde.

 

La minuta también contiene la cantidad de comida en gramos que se debe dar a cada niño y una guía de preparación; todo diseñado por nutricionistas del ICBF que tienen en cuenta la cantidad de niños que hay en cada unidad. Además, establecen unos criterios especiales de sanidad y adaptación de espacios para que las representantes contraten con los distintos proveedores. Todo esto, según la respuesta de un derecho de petición que esta revista envió al ICBF, en vista de la imposibilidad de lograr una entrevista con algún representante, con el fin de ofrecer “una alimentación completa y equilibrada, suficiente, diversificada e inocua que busca prevenir la aparición de enfermedades asociadas con una ingesta deficiente o excesiva”.

 

Si bien estas reglas para la alimentación están elaboradas por la Dirección de Nutrición del ICBF, muchas veces no son fáciles de seguir por diversos motivos. En primer lugar, el dinero que destinan a cada niño no parece suficiente y lo pactado en la guía a veces se sale de lo posible. Nohora Gómez sostiene que las madres comunitarias “son quienes hacen maravillas para lograr un equilibrio entre calidad y cantidad, porque a veces la minuta tiene unos gramajes que son ilógicos”. A veces, deben reducir ciertas cantidades de alimentos para suplir otras, como lo reconoce Ángela Marín, proveedora de alimentos de 650 hogares comunitarios del sur de Bogotá: “Para poder mandar por lo menos libra y media más de papa, para que el ajiaco quede sabiendo a ajiaco, toca reducir fruta. Entonces, si teníamos que mandar 14 manzanas, ya no mandamos las 14, sino 7”.

 

En general, algunas madres se ven en la compleja situación de sacrificar cantidad o calidad, a causa de los lineamientos nutricionales y presupuestales que les toca cumplir. Y cuando no están dispuestas a sacrificar ninguna de las dos, deben sacar de su propio bolsillo para darles a los niños lo necesario para su bienestar. “Cuando yo voy a hacer mercado —dice Luz Dary— tengo que poner de mi plata, a veces $20.000 o $30.000 en una semana, para darles más alimentos a los niños, porque a veces no nos alcanza”. Y aunque algunas madres, como Luz Dary, recurren a su propio dinero para solventar estos problemas, el ICBF aclara que “en ningún momento el cumplimiento de esta obligación es responsabilidad del docente, madre comunitaria o cualquier otro empleado de la EAS (Entidades Administradoras de Servicio)”.

 

 FOTO: Juan Sebastian Solís y Samantha Forero

 

Otro problema con el gramaje es que a veces este es muy bajo para las comidas que deben preparar, y no se tienen en cuenta las edades de los niños. Por ejemplo, para el arroz se designan “más o menos tres cuartos de libra para 14 niños y eso es muy poco; además, depende de las edades que tienen, porque no es igual que si yo te doy mercado a ti que tienes niños entre 2 y 3 años, que si tienes en tu unidad niños de 4 a 5 años. Entre más años, más alimento van a consumir”, dice Nohora Gómez.

 

Además, según Olinda García, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), “si falta un niño y no se avisa al jardín, el Bienestar Familiar de todas maneras descuenta ese dinero sabiendo que las madres se levantan a las cuatro de la mañana a cocinarles a los niños y no pueden saber si van a faltar uno o dos”. A esto se suma la queja de muchas por la diferencia entre el aumento de los precios de la canasta familiar y el aumento del presupuesto que les da el ICBF. Como afirma Ángela Marín, “ese presupuesto lo cambian cada año, pero lo que suben es una cosa irrisoria. El año pasado estábamos en $2.716 y subió $116 este año. Eso es lo que sube por niño”. Y el asunto se vuelve aún más complicado si se tiene en cuenta que algunos padres de los niños no pagan cuota participativa —lo que se entendería en un jardín privado como la pensión, pero que en este caso es voluntaria— y, por ende, ellas no tienen una fuente de ingresos suficiente para mantener un funcionamiento óptimo.

 

Sobrecarga de requerimientos

 

A las dificultades propias del cuidado y la alimentación de los niños, se suma que después de terminada la jornada las madres deben llenar formatos, diligenciar copias y llenar bases de datos que el ICBF les pide para llevar el control de su labor y responder a las “visitas de apoyo a la supervisión” que hace la institución con el fin de inspeccionar, vigilar y controlar el trabajo que se realiza en los hogares. “Nosotras, como madres comunitarias, debemos saber manejar el computador y diligenciar formatos, y no nos han enseñado a hacerlo”, dice Carmen Pulido. “Ahora nos pusieron de digitadoras y ‘llenapapeles’. Todos los días nos toca hacer un papel diferente y nos cambian los formatos que tenemos que llevar. Nos piden que cuidemos el medio ambiente, pero para novedades nos toca entregar casi 400 hojas, diligenciadas de manera tanto manual como digital”. Un asunto que además les afecta el bolsillo, pues, según sostiene Olinda García, el dinero para costear esa papelería debe salir de su salario.

 FOTO: Juan Sebastian Solís y Samantha Forero

 

Por otra parte, las capacitaciones que les brindan, por lo general, se enfocan en temas pedagógicos y de alimentación. No obstante, señalan ellas, no hay apoyos en temas administrativos, aun cuando las exigencias en este sentido son bastante rigurosas, en especial para las representantes legales y tesoreras, a las cuales no se les reconocen económicamente sus labores adicionales. Sobre esto el ICBF sostiene que “no tiene injerencia respecto a la preparación de los representantes legales de las asociaciones o EAS, toda vez que la presunción es que estas al momento de su constitución tiene [sic] la claridad de las habilidades y competencias de cada uno de sus miembros”.

 

Soylas

 

Si bien las madres tienen formación en pedagogía y cuidado de la primera infancia, muchas veces, como dice Olinda García, “a las madres comunitarias, nos toca ser ‘soylas’: soy la que ve el niño, soy la que hace la propuesta pedagógica, soy la que hace el aseo, soy la que hace la comida, soy la que ve la nutrición, soy la enfermera, soy la psicóloga, soy la pedagoga. Somos de todo, porque el ICBF nos da unos lineamientos, pero jamás tiene el personal para desarrollar todo lo que exige”. Por eso Nohora Gómez dice: “No podemos cumplir nuestras funciones a cabalidad y tampoco podemos prestar servicio de calidad como debería ser, porque tenemos que estar pendientes de todo lo que conlleva cuidar 14 niños, incluso si son bebés”.

 

 FOTO: Juan Sebastian Solís y Samantha Forero

 

 

Ante esto, muchas madres, como Rubí Gómez —de 64 años y que lleva 24 como madre comunitaria—, tienen la necesidad de contratar una madre auxiliar que las ayude. Sin embargo, “Bienestar dice que podemos tener una auxiliar por una o dos horas para que arregle la cocina, y eso sale de lo que lo que pagan los padres, pero no todos pagan, porque no pueden”, explica ella.

 

En síntesis, a las madres les toca cumplir funciones para las cuales muchas veces no están preparadas. Además, esta labor y la sobrecarga de funciones les genera problemas en otras áreas de su vida. Carmen Pulido manifiesta: “El ICBF no mira que nosotras tenemos un núcleo familiar que atender. Entonces, por cumplir con la documentación y todo lo requerido, dejamos a un lado nuestro hogar, hijos, nietos y el grupo familiar en general. Yo me trasnocho, sacrifico más de mis ocho horas diarias de trabajo y me da hasta la una de la mañana haciendo toda esa papelería que nos piden. El sueldo no es justo para tanto trabajo”.

 

A otras madres, según el testimonio de Olinda, no les “permiten tener a los hijos en la casa y eso es un problema, porque ¿cómo voy a sacar mis hijos a la calle por mantenerles el programa a ellos? No es justo y se está viendo en todas las regiones, dicen que prevalecen los derechos de los niños, pero ¿los nuestros qué?”.

 

“Voluntarias” de más de 20 años

 

Teniendo en cuenta que estas madres son las que se encargan del cuidado de la primera infancia de las zonas más vulnerables del país, lo que la mayoría de ellas esperaría es que, como mínimo, les cumplieran dos condiciones: un trato justo y garantías laborales. Por esa razón, 162 madres comunitarias instauraron una acción de tutela para exigir estos derechos, incluido el de la mesada pensional. Como resultado de dicha acción, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-079 de 2018, decidió que el Estado debe hacer el 80 % del aporte a sus pensiones, y ellas, el 20 %. Pero la Corte no las reconoce como trabajadoras directas, sino como voluntarias, por lo que concluye que el ICBF no vulnera sus derechos, a pesar de que muchas de ellas llevan más de 30 años dedicadas a esta labor y si quieren pensionarse, deberán pagar ese 20 % que equivaldría a unos 15 o 18 millones de pesos, como Olinda García explicó en una entrevista a Blu Radio.

 

 FOTO: Juan Sebastian Solís y Samantha Forero

 

Luz Dary recuerda: “Antes daban una beca como pago, no era un mínimo. No teníamos prestaciones. No teníamos nada, solo la EPS. Desde el 2014 ya empezaron a pagarnos un mínimo y las prestaciones. Pero ¿por qué? Porque la señora Olinda García, que es la presidente a nivel nacional del sindicato, ha luchado por estos derechos, porque antes no los reconocían”. Y aunque Luz Dary acepta que las condiciones han ido mejorando, también asegura que no es suficiente para todas las funciones que les son asignadas. Además, muchas de ellas ya son mayores o están enfermas, por lo que la pensión les garantizaría una vida digna en esos años en los que ya no están en óptimas condiciones para trabajar.

 

 

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